LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA RECHAZA LA INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE REGANTES
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Revés en las pretensiones de un grupo de miembros de la Comunidad de Regantes de Abarán, que quería impugnar varios puntos del orden del día de las asambleas llevadas a cabo en los años 2008 y 2009. La Confederación Hidrográfica del Segura ha desestimado las alegaciones que presentaron contra los acuerdos adoptados en dichas reuniones.
En una de ellas, los recurrentes alegaban que «la votación
no se produjo con las debidas garantias democráticas y que las
representaciones no fueron validadas por miembros del Sindicato, sino
por empleados de la Comunidad». Por otra parte, los comuneros solicitaban
que «la CHS autorizara la intervención inmediata de la comunidad
de regantes y procediera al nombramiento de una Junta Gestora».
En la resolución , la Confederación rebate todos estos argumentos e indica que «las distintas representaciones fueron comprobadas y controladas por el Sindicato de Riegos y se presumen válidas». En cuanto a la intervención y nombramiento de Junta Gestora, la Confederación afirma que «las comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho público adcritas al organismo de cuenca», quedando fuera de sus competencias las actuaciones que pedía este grupo. Igualmente, la Confederación desestima otras dos alegaciones de los comuneros en sus recursos de alzada que pretendían que se declarasen «nulos y sin efecto todos los acuerdos adoptados tanto en la asamblea de la comunidad de regantes Parcelas del Trasvase Sector A como en la del Motor Resurrección».
Por otra parte y dada la inhibición del juzgado de instrucción número cuatro de Cieza, es el juzgado Número 2 el que se ha hecho cargo del registro e intervención judicial llevados a cabo el pasado ocho de febrero. El presidente de la Comunidad de regantes, Alberto Ato, reconoció «los graves problemas por los que atravesamos al no disponer de recursos económicos para pagar, por ejemplo, la luz de los motores, dado que no podemos facturar». Ato fue más lejos y añadió que «creemos que esta situación corresponde a una presunta maniobra política encubierta con el único objetivo de hacerse con el control de la comunidad».
